Los riesgos de corrupción, como se mencionó previamente, son definidos por los líderes y equipos de cada proceso/objetivo institucional. Ellos son quienes, a la vez, deben monitorear frecuentemente cuán apropiados son los mismos. Este monitoreo debe acontecer cada tres meses (durante los 18 meses en los que el Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra en activo). Por la propia naturaleza de la corrupción como actividad que va mutando en función de las limitaciones sociales y legales, la constancia del monitoreo se erige en condición sine qua non.  Lo que resulte de este proceso de monitoreo será el principal insumo/input para proceder, genéricamente, a la redacción de una nueva Política de Administración de Riesgos de Corrupción y, particularmente, a la confección de un nuevo Mapa de Gestión de Riesgos de Corrupción en el que riesgos detectados en versiones previas desaparezcan (o disminuyan en su nivel de gravedad) y otros nuevos sean introducidos.